Sentencia 15/2020, de 9 de enero de 2020, de la Audiencia Provincial de Cáceres. Sección Primera.

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

CACERES

SENTENCIA: 00015/2020

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CACERES. SECCION PRIMERA.

Modelo: N10250

AVD. DE LA HISPANIDAD S/N

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Teléfono: 927620309 Fax: 927620315

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MTG

N.I.G. 10037 41 1 2018 0002511

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0001093 /2019

Juzgado de procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.7 de CACERES

Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000192 /2018

Recurrente: Sagrario, Santiaga

Procurador: CARLOS ALEJO LEAL LOPEZ, CARLOS ALEJO LEAL LOPEZ

Abogado: JAVIER CERVANTES JIMENEZ, JAVIER CERVANTES JIMENEZ

Recurrido: CASER CAJA DE SEGUROS REUNIDOS

Procurador: MARIA DE LOS ANGELES BUESO SANCHEZ

Abogado: ELENA SANCHEZ RECUERO

S E N T E N C I A NÚM.- 15/2020

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE:

DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA

MAGISTRADOS:

DON ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ FLORIANO

DOÑA MARÍA LUZ CHARCO GÓMEZ

Rollo de Apelación núm.- 1093/2019

Autos núm.- 192/2018

Juzgado de 1ª Instancia núm.- 7 de Cáceres

En la Ciudad de Cáceres a nueve de Enero de dos mil veinte.

Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de apelación al principio referenciado, dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm.- 192/2018, del Juzgado de 1ª Instancia núm.- 7 de Cáceres, siendo parte apelante, los demandantes DOÑA Santiaga y DOÑA Sagrario, representadas en la instancia y en esta alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. Leal López, y defendidos por el Letrado Sr. Cervantes Jiménez, y como parte apelada, el demandado, CASER CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, representado en la instancia y en la presente alzada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Bueso Sánchez, y defendido por la Letrada Sra. Sánchez Recuero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por el Juzgado de 1ª Instancia núm.- 7 de Cáceres, en los Autos núm.- 192/2018, con fecha 6 de Septiembre de 2019, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“FALLO: Que desestimando la demanda formulada por Dª. Santiaga, en nombre propio y en nombre y representación de su hija menor Sagrario, representadas por el Procurador D. Carlos Alejo Leal López, contra CAJA DE SEGUROS REUNIDOS CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (CASER), representada por la Procuradora María de los Angeles Bueso Sánchez, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones hechas en su contra, con imposición de costas a la parte demandante…”

SEGUNDO

Frente a la anterior resolución y por la representación de la parte demandante, se interpuso en tiempo en forma recurso de apelación, se tuvo por interpuesto y de, conformidad con lo establecido en el art. 461 de la L.E.C., se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.

TERCERO

La representación procesal de la parte demandada presentó escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario. Seguidamente se remitieron los Autos originales a la Audiencia Provincial de Cáceres, previo emplazamiento de las partes por término de diez días.

CUARTO

Recibidos los autos, registrados en el Servicio Común de Registro y Reparto, pasaron al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, que procedió a incoar el correspondiente Rollo de Apelación, y, previos los trámites legales correspondientes, se recibieron en esta Sección Primera de la Audiencia Provincial, turnándose de ponencia; y no habiéndose propuesto prueba por ninguna de ellas, ni considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló para la DELIBERACIÓN Y FALLO el día 8 de Enero de 2020, quedando los autos para dictar sentencia en el plazo que determina el art. 465 de la L.E.C.

QUINTO

En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA MARÍA LUZ CHARCO GÓMEZ .

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

Objeto del Recurso.

En la demanda rectora del presente procedimiento la parte actora -D.ª Santiaga, actuando en nombre propio y en nombre y representación de su hija menor Sagrario – ejercita acción de reclamación de cantidad (60.000€) sobre la base del seguro suscrito con la entidad demandada CAJA DE SEGUROS REUNIDOS CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA (CASER SA), modalidad “CASER AUTO” (número de póliza NUM000 ), vigente a la fecha del accidente de tráfico (23 de mayo de 2017) en el que el marido de D.ª Santiaga, D. Alfredo, tomador y conductor principal del vehículo asegurado (FORD FUSION 1.4 TDCI matrícula ….-HGV ), falleció por causa de RCP AVANZADA (Reanimación Cardiopulmonar) y C. ISQUÉMICA (Cardiopatía Isquémica). Fundamenta la parte su reclamación en la póliza dicha, entre cuyas garantías contratadas se encontraba la relativa a la modalidad “Accidentes Corporales 1 Plaza – Conductor”, ascendiendo la indemnización por muerte del conductor del vehículo (D. Alfredo ) con hijos menores a su cargo al tiempo del fallecimiento ( Cesareo contaba con 17 años e Sagrario contaba con 7 años de edad) a la suma reclamada de 60.000€.

La aseguradora demandada, reconociendo la existencia del contrato de seguro vigente a la fecha del accidente, se opone a la pretensión actora arguyendo -en breve síntesis- que el siniestro no tiene cabida dentro de las coberturas de la póliza puesto que D. Alfredo no falleció en accidente de circulación sino por una parada cardio- respiratoria que hizo que perdiera el control del vehículo. Concluyendo por ello que al haberse debido la muerte a causas naturales nos encontramos ante una clara ausencia de nexo causal entre el fallecimiento del Sr. Alfredo y el accidente de circulación sufrido.

La sentencia de instancia desestima la demanda formulada y absuelve a la entidad aseguradora de los pedimentos deducidos en su contra al estimar, en breve síntesis, que el fallecimiento no tuvo lugar por el accidente de circulación sino por una causa interna o enfermedad del fallecido, probablemente una cardiopatía isquémica. Considerando -del conjunto de la prueba practicada en el procedimiento- que no fue el accidente el que provocó el estado de malestar en el que se encontraba el conductor del vehículo sino que fue dicho malestar el que provocó el accidente.

Frente a dicha resolución se alza en apelación la parte demandante impugnando los pronunciamientos contenidos en el fallo de la sentencia, al desestimar la demanda formulada contra la aseguradora demandada, absolviendo a la misma de las pretensiones deducidas en su contra, con imposición de costas procesales a la parte demandante. Alega, en breve síntesis, los siguientes motivos:

Primero y único .- Error en la apreciación de la prueba que determina error en la aplicación del Derecho: Subraya que el objeto y finalidad del presente litigio no es otro que dilucidar si la muerte sufrida por el esposo y padre, respectivamente, de las demandantes está amparada por el seguro del vehículo concertado con la Compañía de Seguros demandada.

Para ello, y en primer lugar, recuerda que es doctrina jurisprudencial consolidada de la Sala Primera del Tribunal Supremo que en el ámbito del derecho privado ha de estarse, para determinar el concepto de accidente, con carácter principal a los términos del contrato de seguro suscrito entre las partes y, subsidiariamente, a las normas específicas sobre este tipo de seguros contenidas en la Ley del Contrato de Seguro.

Destaca que en el caso concreto la definición de accidente, de la que ha de partirse a la hora de valorar la prueba obrante en autos, se limita a transcribir la definición legal contenida en el propio artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro (condicional general 41; documento número 8 de la demanda) al conceptuar como tal “los daños corporales producidos por accidentes que se deriven de causa violenta, súbita y ajena a la intencionalidad del asegurado”.

La causa directa del fallecimiento del asegurado tras el accidente sufrido fue una cardiopatía isquémica que es definida por la Fundación Española del Corazón como la enfermedad ocasionada por la arterioesclerosis de las arterias coronarias, es decir, las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco (miocardio) produciéndose una isquemia miocárdica (angina de pecho estable) o una oclusión súbita por trombosis de la arteria, lo que provoca una falta de oxigenación al miocardio que da lugar al síndrome coronario agudo (angina inestable e infarto agudo de miocardio). El infarto agudo de miocardio -causante del fallecimientoes un evento inesperado que se puede presentar en personas sanas aunque generalmente es más frecuente en quienes tienen factores de riesgo que necrosa el territorio del músculo cardiaco y causa la muerte. En las presentes actuaciones no consta prueba alguna de que el fallecido sufriera una cardiopatía congénita que pueda llevar a la Juzgadora a tildar la causa como interna llegando a esta conclusión con términos de probabilidad o indiciarios utilizados en el fundamento de derecho segundo.

Insiste y reitera que Don Alfredo no padecía enfermedad coronaria previa al accidente de tráfico producido, afirmando que la Juzgadora yerra al valorar la prueba obrante en autos y concluir que el fallecimiento se produjo por causas internas, pues nada de ello consta en las actuaciones.

En cuanto a la corroboración periférica a la que alude la Juzgadora de instancia (informe médico de urgencia que describe como causa probable del fallecimiento causas naturales que determinaron que el Juzgado de Instrucción número 4 de Cáceres en el procedimiento sobre autorización para trasplantes de órganos no considera necesario la autorización por tratarse de una muerte natural), subraya y destaca que la expresión “natural” no puede identificarse con el concepto de “interno” a los efectos del ámbito contractual en que nos encontramos y, a mayor abundamiento, del análisis de la póliza de seguros no resulta que esta causa de fallecimiento en accidente esté excluida de cobertura debiendo concluirse que el accidente tuvo una influencia sobrevenida y externa desencadenante de la patología aguda cardiaca que determinó su fallecimiento poco tiempo después de producirse el accidente.

Al recurso se opuso la parte demandante solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO

Consideraciones previas relativas al error en la aplicación del Derecho.

A la vista de las alegaciones formuladas por la recurrente, dos son las cuestiones en las que la parte disiente de la resolución recurrida: primero, discrepa de que el origen de la causa de fallecimiento (parada cardiorespiratoria) de D. Alfredo proceda de su propio organismo y, por tanto, sea interna del mismo; y, segundo, discrepa de que el siniestro sufrido no esté amparado por la póliza.

Comenzando por el análisis de la cobertura de la póliza, le asiste la razón a la parte apelante cuando afirma que la definición de accidente recogida en la condición general 41 (documento número 8 de la demanda) se limita a transcribir la definición legal contenida en el propio artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro, al conceptuar como tal la lesión corporal que deriva directamente de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, y producida al viajar, subir, o apearse del vehículo asegurado, e incluso por actos efectuados para repararlo en ruta.

Pues bien, para que exista accidente en el sentido previsto en el artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro es necesario que la lesión o daño corporal obedezca a una causa externa, esto es, que se encuentre fuera del cuerpo de la víctima, que no obedezca a un padecimiento orgánico o que no venga desencadenada, de forma exclusiva o fundamental, por una enfermedad ( sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de mayo de 2008). De ahí, la especial dificultad que plantean los fallecimientos e invalideces derivados de infartos de miocardio u otras patologías cardiovasculares.

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de febrero de 2008, tras exponer la jurisprudencia recaída en la materia, alude en concreto a las posibles causas externas que, como desencadenantes del infarto, pueden ser consideradas como accidentes a efecto de cobertura en el seguro de esta clase, indicando como tales el esfuerzo físico, el estrés, la práctica deportiva, etc, siempre que no exista una patología previa que, de forma exclusiva o fundamental, haya ocasionado el infarto. Señala la sentencia citada:

“En el seguro de accidentes, a tenor de la jurisprudencia, el infarto puede aparecer expresamente incluido en la póliza como riesgo cubierto ( SSTS de 24 de marzo de 1995 , 7 de febrero de 2001 ). Asimismo, puede resultar también expresamente excluido en la póliza. En caso de falta de estipulación expresa, el infarto únicamente puede ser calificado como accidente a efectos del contrato de seguro ( art. 100 LCS ) si responde a una causa externa, inmediata e independiente de los factores orgánicos ( SSTS de 13 de febrero de 1968, 29 de junio de 1968, 23 de febrero de 1978 , 20 de junio de 2000, 5 de junio de 2001, 27 de diciembre de 2001 , 5 de marzo de 1992 , 15 de diciembre de 1992 , 14 de noviembre de 2002, rec. 1313/1997, 27 de noviembre de 2003, rec. 327/1998, 7 de junio de 2006 ).

Doctrinalmente se ha propugnado, en esta línea, una interpretación del artículo 100.1 LCS similar a la seguida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con los accidentes de trabajo. Nos hallaríamos ante un accidente en los episodios cardiacos o vasculares cuando, además de manifestarse súbitamente, concurran con una causa externa, como puede ser, por ejemplo, una fuerte excitación nerviosa debida a una discusión violenta, el hacer un esfuerzo violento o tener una impresión fuerte, entre otros ( SSTS, Sala Cuarta, de 12 de diciembre de 1983, 9 de octubre de 1984, 19 de noviembre de 1985, 25 de marzo de 1986 , 2 de febrero de 1987 , 4 de marzo de 1988 , 20 de marzo de 1990 , 27 de junio de 1990 , 14 de junio de 1994 ) .

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Entre las causas que la jurisprudencia de esta Sala considera como externas puede figurar el estrés laboral ( SSTS de 11 de noviembre de 2003, 14 de junio de 1994, 10 de febrero de 2007, 1 de marzo de 2007 ), la caída de un vehículo ( STS de 28 de febrero de 1991 ) , el esfuerzo físico y las tensiones en el trabajo ( SSTS de 27 de diciembre de 2001 , 27 de febrero de 2003, 24 de marzo de 2006, rec. 3276/1999 ), el ejercicio físico de especial intensidad en la práctica deportiva ( STS 23 de octubre de 1997 ). En suma, entre las causas externas determinantes del accidente se cuentan los esfuerzos de especial intensidad realizados en la práctica deportiva que causan un infarto, siempre que no se hallen excluidos en la póliza”.

Ciertamente, la parada cardio-respiratoria, que es la causa inmediata del fallecimiento de D. Alfredo según se infiere del informe médico aportado como documento número 4 de la demanda, no aparece expresamente contemplada como riesgo cubierto o excluido en la póliza. En esta tesitura habrá de analizarse si la parada cardio-respiratoria ha venido determinada por un factor interno o del propio organismo del Sr. Alfredo o, por el contrario y como sostiene la recurrente, de un factor exógeno.

TERCERO

– Sobre el error en la apreciación de la prueba.

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, sentencias de 18 de mayo y 4 de diciembre de 2015) en la que se proclama que el recurso de apelación es de los llamados de plena jurisdicción, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de éstas tanto la comprobación de la adecuación e idoneidad de la fundamentación jurídica que se contiene en la resolución recurrida, como la revisión de todas aquellas operaciones relativas a la valoración global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a idénticas o diferentes conclusiones a las mantenidas por el Juez de instancia en la sentencia apelada. Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de instancia debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, de manera que si la prueba practicada en el procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración. Ahora bien, como tiene declarado este Tribunal de manera reiterada, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de Enero, la misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal de Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del Juicio (incluyéndose, evidentemente, la fase probatoria), el Órgano Jurisdiccional de Segunda Instancia puede apreciar de viso propio no sólo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente, pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelación (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2001, 16 de junio y 16 de septiembre de 2003, 2 de diciembre de 2005, 18 de enero y 28 de septiembre de 2010 , 14 de junio de 2011, 22 de febrero y 27 de septiembre de 2013, 18 de mayo de 2015 , y sentencias del Tribunal Constitucional 194/1990, de 29 de noviembre; 21/1993, de 18 de enero; 102/1994, de 11 de abril; 272/1994, de 17 de octubre; 152/1998, de 13 de julio; y 212/2000, de 18 de septiembre).

Ya hemos dicho que no se cuestiona que la parada cardio-respiratoria sea la causa inmediata del fallecimiento, esta es una conclusión lógica del informe médico que se aporta con la demanda como documento número 4. Lo que ha de determinarse es si la parada cardio-respiratoria fue la consecuencia del accidente de circulación, como viene a establecer la resolución recurrida, o si, como defiende la parte apelante, esta sobrevino al accidente de tráfico sufrido.

La revisión de la prueba practicada en las actuaciones nos conduce a las siguientes consideraciones:

  1. – Tras producirse el accidente el Sr. Alfredo presentaba problemas respiratorios y convulsiones, permaneciendo dentro del vehículo en estado de asfixia, siendo evacuado -consciente- por una ambulancia del 112 al HOSPITAL000 de DIRECCION000 (diligencia de inspección ocular del atestado elaborado por la Policía Local de DIRECCION001 de Cáceres).
  2. – El Sr. Sagrario refirió a los profesionales del 112 que tenía opresión centro torácica, pero también que mientras iba conduciendo se encontró mal, perdiendo el control de su vehículo (informe médico del HOSPITAL000 de DIRECCION000 ; documento número 4 de la demanda). De ambas circunstancias no cabe sino colegir que fue la sensación de malestar lo que provocó, como bien razona la juez a quo, la pérdida de control del vehículo y, por ende, el siniestro acaecido. Esta conclusión, además, aparece reforzada por la deducción de los agentes municipales tras el análisis de los datos objetivos, huellas y vestigios, al señalar -en la diligencia de informe- que por la trayectoria que traía (D. Alfredo ), el conductor (…) se encontraba mal de salud y era la vía más rápida para llegar al Centro Médico, pero se paso de la intersección; pues es difícil que una persona de la localidad a esas horas del accidente pueda conducir durante más de trescientos metros en sentido contrario (hasta el cruce de vías con el Centro Médico) si no es por un motivo de este tipo, debido a que la calle es estrecha y de único sentido de circulación.
  3. – Es cierto que no existe constancia alguna de que D. Alfredo padeciese de enfermedad coronaria alguna o presentase una cardiopatía congénita, pero también lo es – como así admite la recurrente- que el infarto agudo de miocardio es un evento inesperado que se puede presentar en personas sanas aunque sea más frecuente en aquellas que tienen factores de riesgo. De hecho, el testimonio del amigo del hijo del fallecido, que había viajado con el mismo poco tiempo antes de ocurrir el siniestro, evidencia que D. Alfredo se encontraba en un contexto de normalidad (conduciendo), que no de estrés o alta tensión, en los instantes previos a sentirse mal y sufrir el accidente.Valorando conjuntamente las anteriores circunstancias hemos de concluir que la tesis o posición más razonable es la establecida en la sentencia de instancia, incluso sin acudir a corroboración periférica alguna. La parada cardio-respiratoria se produjo antes del accidente de tráfico y fue causa del mismo; no existe, por tanto, causa exógena al asegurado que desencadenase su fallecimiento.El motivo se desestima.

CUARTO

Costas en ambas instancias.

El criterio de este Tribunal va a ser el de no imponer a ninguna de las partes las costas causadas, tanto en la primera instancia como en esta alzada, al considerar que en el supuesto examinado concurrían dudas de hecho derivadas de la dificultad probatoria de las concretas circunstancias fácticas en que se desarrolló y produjo el accidente, lo que justifica suficientemente la excepción a la regla general del vencimiento objetivo.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente:

F A L L O

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.ª Santiaga, actuando en nombre propio y en nombre y representación de su hija menor Sagrario, contra la sentencia núm. 139/19, de 6 de septiembre, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Cáceres en autos núm. 192/19, de los que éste rollo dimana, y en su virtud, CONFIRMAMOS expresada resolución salvo en materia de costas procesales, no condenándose a ninguna de las partes a su pago tanto en primera instancia como en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, con expresión de la obligación de constitución del depósito establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta añadida por la Ley Orgánica 1/2009, en los casos y en la cuantía que la misma establece.

En su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente Resolución para ejecución y cumplimiento, interesando acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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